Autor: Santiago Diaz (Estudiante de la Licenciatura en Economía del Desarrollo y Becario en Docencia e Investigación -UNQ)

La presente nota busca explicar la actividad del cannabis medicinal e industrial en Argentina. Se destaca el rol del Estado activo en el desarrollo del sector, no solo en materia de regulación, atendiendo una emergencia sobre el uso medicinal del cannabis, sino también con políticas industriales que lo fortalecieron. Especialmente, a partir del papel de las Empresas Públicas (EP) que desde un inicio buscaron motorizar su desarrollo.

Las regulaciones comienzan desde los organismos internacionales que todavía siguen considerando a ciertos compuestos de la planta como perjudiciales, tal es el caso de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que a los compuestos psicoactivos, aquellos que alteran la percepción y modifican el estado de ánimo[1], los contemplan como un riesgo para la salud pública (Aguilar et al., 2018). A pesar de los inconvenientes, a nivel internacional la tendencia a despenalizar el uso del cannabis está siendo cada vez mayor. Diferenciando su uso entre medicinal y recreacional, es el primero el de mayor desregulación y según parece más tolerancia social, mientras que en el segundo sigue habiendo cierto perjuicio sobre su utilización. En conjunto, esto da lugar a que su despenalización sea a pasos lentos pero progresivos. López y Roca (2020), identifican a más de 40 países y más de 30 estados en los EEUU que legalizaron el uso medicinal, pero en cuanto a la utilización recreacional solo se encuentran Canadá, 11 estados de EEUU y Uruguay, probablemente este último el más representativo de la región latinoamericana por ser el primero.

A grandes rasgos, en uno y otro ámbito lo que cambia es el tratamiento de la planta y los componentes que de ella se extraen para ser utilizados. Por un lado, la acción terapéutica la otorga el componente cannabidiol (CBD). Por el otro, es el componente tetrahidrocannabinol (TCH) el que otorga los efectos estimulantes y recreativos, considerados perjudiciales para la JIFE. Es en este punto donde el rol del Estado debe actuar como regulador, especialmente con alguna institución pública involucrada en el control de la trazabilidad del producto, inspeccionando que los niveles de TCH sean los apropiados, por lo general menor a 1%, pero que cabe mencionar, puede variar de país en país según la reglamentación local.

En la esfera medicinal, Argentina creo en el año 2017 un marco regulatorio que habilitó, científica, el estudio de sus derivados y tratamientos no convencionales, mediante la aprobación de la Ley 27350. A grandes rasgos, los objetivos del programa involucraban; investigar los fines científicos y terapéuticos de la planta del cannabis y sus derivados en los humanos, concientizar, emprender acciones de promoción, establecer lineamientos, accesibilidad y guías para el tratamiento, acceso gratuito al aceite de cáñamo y derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa, asesorar y hacer un seguimiento a las personas que participen del mismo, etc.

Dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación se encontraría la autoridad de aplicación del programa, pudiendo investigar y/o supervisar los fines medicinales y científicos de la planta del cannabis y sus derivados así como también emprender acciones de colaboración con instituciones académicas científicas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales[2].

A su vez, en el año 2022 el país dio otro paso importante con la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo industrial (Ley 27669), el cual pretende avanzar aún más en la industria del cannabis medicinal, ya no solo atendiendo los aspectos curativos de la planta, sino también entendiendo el potencial industrial del cáñamo (el tallo de la planta) y el desarrollo de su cadena, con el que se pueden obtener una gran variedad de productos, ya sean textiles de consumo (zapatos, telas, bolsas, etc.), textiles industriales (sogas, redes, lonas, alfombras, etc.), papel (papel para imprimir, papel prensa, etc.), y materiales para la construcción (cemento, aislantes, fibra de vidrio, etc.)[3].

Entre otras cosas, el nuevo marco contempla el desarrollo de la cadena de producción del cannabis orientado hacia la comercialización local y con fines de exportación, ya sea de sus semillas o los productos derivados de ella en el ámbito medicinal, también la investigación científica y el uso industrial. Se crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), bajo la órbita del Ministerio del Desarrollo Productivo, pudiendo regular, entre otras cosas; adquisición, fabricación, comercialización, producción industrial, cultivo, importación y exportación de cualquier semilla del cannabis y cualquier producto derivado del mismo ya sea medicinal o industrial[4].

Asimismo, los marcos regulatorios, por un lado, dieron el lugar a que ciertas personas se beneficien, principalmente aquellas que desde hace tiempo utilizan los principios del CBD de la planta como un medicamento diario y encontraron en la Ley de 2022 una normativa que los afecta positivamente. Lo primero que nos podría venir a la mente es la crema o el aceite de cannabis que utiliza algún familiar para tratar dolores y se puede conseguir en la calle, sin saberlo; de manera ilegal. Pero también, la realidad nos encuentra con pacientes que la utilizan para tratar enfermedades más complejas y que al utilizarla evidencian efectos terapéuticos positivos. Tal es el caso en enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, epilepsia, etc.), enfermedades relacionadas al aparato digestivo y nutricional (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, inflamación intestinal, náuseas y vómitos por efectos secundarios post quimioterapia, etc.), en tratamientos sobre problemas de salud mental (ansiedad, estrés, trastornos del sueño, etc.), y en otras tantas más (Aguilar et al., 2018).

Esto llevó a que muchas personas en la ilegalidad cultiven y preparen sus propios medicamentos para tratar algunas de las enfermedades mencionadas.

En Argentina, Mama Cultiva[5] junto a otras organizaciones, son ejemplos de lucha, ya que pregonaron durante años que había una emergencia que atender sobre el uso del cannabis medicinal, en el que se necesitaba una reglamentación que contemple a las personas que utilizan los medicamentos derivados de la planta del cannabis y que como resultado ven un mejoramiento en su calidad de vida. Hoy en día la nueva reglamentación, aparte de ampliar sus derechos, también pone el foco en un sector que, si se desarrolla, podría permitir que las personas en un futuro no tan lejano reciban un medicamento de calidad, ya que el problema no radica solamente en la legalidad de los productos, sino en si los mismos tienen realizados los procedimientos necesarios para que el medicamento funcione correctamente.

Por otro lado, la regulación que dio comienzos al sector en el 2017, posibilitó que se abra un nuevo negocio al que las firmas podrían acceder. Sin embargo, involucrarse implicaba entrar en un sector naciente, no por ser “nueva” la explotación de cannabis, ya que su producción, comercialización y usos data de largos siglos (Leal-Galicia et al., 2018), sino porque la regulación recién en ese año empezó a favorecer su producción legal, pero como solo era con fines de investigación científica, el desarrollo del sector tenia algunas limitaciones pudiendo percibirse como restrictivo.

Es justamente por esto último que nuestro foco se centra en las Empresas Publicas Provinciales que vieron un lugar en donde insertarse, siendo el rol público esencial para impulsar un sector altamente regulado. Además de regulador, comenzó a ser un agente productor de la planta. Y fue en este momento donde la pionera empresa jujeña CANNAVA SOCIEDAD DEL ESTADO (S.E)[6] creada un año después en 2018, da los primeros pasos en el sector, en el que también distintos organismos como el INTI, INTA, colaboraron con ella (López y Roca, 2020). Hoy en día, CANNAVA es un gran complejo destinado a la producción de cannabis medicinal, que según informes cuenta con 80 mil plantas para su posterior transformación en ingredientes farmacéuticos y es la superficie de producción publica de este sector más grande de Latinoamérica[7], considerado un polo de producción muy importante para la provincia que a futuro puede rendir grandes frutos en materia de desarrollo económico. En esta misma línea, otra empresa localizada en la provincia de La Rioja llamada Agrogenética Riojana SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), tras los nuevos anuncios de la ley de 2022 que impulsa la producción industrial, puede verse beneficiada, ya que en sus inicios contemplaban la idea de que cuando la regulación cambie hacia el desarrollo productivo de la planta, era un sector al que pretendían insertarse[8]. Siguiendo a Gonzalo et al, 2021 y a CEPAL, 2022, la empresa provincial posee acumulación de experiencia en temas relacionados a actividades de genética, producción de semillas, y en la investigación y servicios de análisis en biotecnología por lo que estas ventajas competitivas podrían convertirla en un actor importante dentro de la cadena del cannabis.

El Estado, a través de sus empresas, ha aprovechado el contexto de las modificaciones del marco regulatorio de cannabis medicinal en el año 2017. A diferencia del sector privado, las EPs pueden fijar precios accesibles, perseguir metas sociales, invertir en un sector con alta incertidumbre, investigar en ciencia básica y aplicada más hacia el conocimiento que hacia el producto, etc. (Schclarek Curutchet, 2013). En esta primera instancia, pese al marco restrictivo, se pudo atender una demanda de un reducido grupo dentro de la sociedad. Pero hoy, la nueva Ley de 2022 que complementa a la anterior, también suma la explotación del cannabis vista desde el ámbito industrial, buscando aprovechar las tantas variedades de productos que se pueden extraer del cáñamo, y en este contexto, el nuevo marco puede servir para que el sector privado ingrese.

Resulta importante articular una cooperación entre lo público y lo privado para avanzar en los sectores emergentes como puede ser las actividades de cannabis medicinal. Dichas actividades, además podrían contribuir a potenciar las estructuras productivas locales a través del fomento de cooperativas, pequeñas y medianas empresas, de la generación de trabajo, potenciar las exportaciones y el acceso a la salud de calidad[9].

La nota fue elabrada por  el estudiante Santiago Diaz, quien se encuentra realizando sus actividades en el marco de la beca Tipo A del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dirigida por Manuel Gonzalo, investigador-docente de la carrera de Economía del Desarrollo de la UNQ.

Referencias

Aguilar, S., Gutiérrez, V., Sánchez, L., & Nougier, M. (2018). Políticas y prácticas sobre cannabis medicinal en el mundo. México Unido Contra La Delincuencia, 33, 1-32. Disponible en: https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Pol%C3%ADticas-y-pr%C3%A1cticas-sobre-cannabis-medicinal-en-el-mundo-2018.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022). La Rioja en el siglo XXI: desafíos y oportunidades para su transformación productiva, [en línea] https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47561

Gonzalo, M., Gutti, P., Kababe, Y., & Starobinsky, G. (2021). Agrogenética Riojana SAPEM: primeras reflexiones sobre la creación y desarrollo de una Empresa con Participación del Estado de Base Tecnológica (EPEBT) en un sistema regional de innovación periférico. Debates sobre Innovación, 6(1).

Leal-Galicia, P., Betancourt, D., González-González, A., & Romo-Parra, H. (2018). Breve historia sobre la marihuana en Occidente. Rev Neurol, 67, 133-140. Disponible en: https://observatoriolc.lat/repositorio/wp-content/uploads/2021/04/Breve-historia-sobre-la-marihuana-en-Occidente-.pdf

López, A., & Roca, S. G. (2021). La cadena de valor del cannabis: situación y tendencias internacionales, y oportunidades para la argentina. Documentos de Trabajo del CCE, (1). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la_cadena_de_valor_del_cannabis_-_10.12.pdf

Schclarek Curutchet, A. (2013). Razones teóricas para la existencia de las empresas del Estado. Disponible en: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/18622

[1] Ver: https://www.fundacion-canna.es/d-9-tetrahidrocannabinol-thc

[2] Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273801/norma.htm

[3] Elaborado a partir de: https://visual.ly/community/Infographics/other/modern-uses-cannabis-plant

[4] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/365000-369999/365303/norma.htm

[5] Página oficial: https://www.mamacultivaargentina.org/

[6] Página oficial: https://cannava.com.ar/

[7] Ver noticia en: http://www.gazetajujuy.com.ar/103267/destacan-a-jujuy-como-polo-de-produccion-de-cannabis-medicinal-en-argentina/

[8] Ver noticia: http://www.edicionesvr.com/notas.php?id=3696

[9] Ver: https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48788-el-presidente-promulgo-la-ley-de-cannabis-medicinal-y-canamo-industrial-para-su-desarrollo-productivo-y-el-cuidado-de-la-salud